Riesgos penales para el derecho humano al agua potable y al saneamiento

Abstract

[Resumen]: El reconocimiento formal de un derecho humano al agua, y la concreción de su contenido, tuvo lugar con la Resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 28 de julio de 2010, donde se establece que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. La consideración del derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano requiere, entre otras cuestiones, que los Estados cuenten con mecanismos legales para garantizar su protección como un derecho justiciable, de tal modo que los individuos puedan cuestionar situaciones en las que existan interferencias en su disfrute. Si bien esto implica fundamentalmente determinadas obligaciones en el marco del Derecho administrativo (regulación de la gestión y distribución de agua potable, establecimiento de normas medioambientales en relación con el funcionamiento de industrias, etc.) y también del ordenamiento civil (como por ejemplo la exigencia de reparación e indemnizaciones), también el Derecho penal puede constituir una pieza fundamental en la garantía de las condiciones necesarias para el disfrute de este derecho. No se trata de configurar este derecho humano, de perfiles tan específicos, directamente como un bien jurídico penalmente protegible, ya que realmente estamos ante un interés vital cuyo riesgo o lesión deriva de diversas formas de comportamiento que afectan ya a otros bienes jurídicos objeto de protección por las normas penales. Precisamente este breve trabajo pretende analizar desde qué perspectivas se puede atentar contra este derecho humano, y qué conductas delictivas pueden suponer un ataque al disfrute del agua potable y del saneamiento.