¿Expulsión o traslado de presos extranjeros de nacionalidad comunitaria? Una reflexión sobre las razones de la escasa aplicación del reconocimiento mutuo de resoluciones por las que se impone una pena o medida privativa de libertad en España

Abstract

[Resumen]: La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea ha traspuesto al Derecho interno español, entre otras, la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea. La Ley 23/2014 ha permitido aplicar en nuestro país el reconocimiento mutuo de resoluciones relativas a las “resoluciones judiciales firmes emitidas por la autoridad competente de un Estado miembro tras la celebración de un proceso penal, por las que se condena a una persona física a una pena o medida privativa de libertad como consecuencia de la comisión de una infracción penal, incluidas las medidas de internamiento impuestas de conformidad con la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores” (art. 63.1). Las autoridades judiciales españolas podrán transmitir sentencias condenatorias a otros Estados cuando en ellas se impongan penas o medidas privativas de libertad y se cumplan las condiciones señaladas por la ley, debiendo ejecutar asimismo aquellas que del mismo modo les hayan sido transmitidas.