La responsabilidad de las personas jurídicas en Chile

Abstract

[Resumen]: Varios autores apuntan a que la voluntad del Estado chileno de ingresar en la OCDE –lo que finalmente tendría lugar en 2010, al año siguiente del establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas– fue determinante a la hora de impulsar al legislador chileno a promulgar la Ley 20.393. Lo cierto es que ya en el Mensaje de la entonces presidente de la República, de 16 de marzo de 2009, por el cual se iniciaba el trámite de redacción y promulgación de la ley, se expresaba la consolidada tendencia en el Derecho internacional público a promover que los Estados estableciesen un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a la vez que se reconocía que la incorporación de un régimen tal en el ordenamiento jurídico chileno respondía «al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el ámbito internacional», de entre los cuales la Presidenta nombraba expresamente la Convención para combatir el cohecho de los funcionarios públicos en las transacciones comerciales internacionales, impulsada en el seno de la OCDE. La propia Presidenta confiesa que el objetivo de la promulgación de la Ley era ingresar en la OCDE, lo que aportaría numerosos beneficios al Estado chileno. Finalmente, tras pasar en un breve periodo de tiempo los trámites parlamentarios necesarios para su aprobación, la Ley 20.393 fue publicada en el 25 de noviembre de 2009 en el Diario Oficial, entrando en vigencia ese mismo día, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7 del Código civil chileno. Desde la doctrina, HERNÁNDEZ ha criticado el poco tiempo que se dispuso para realizar una reflexión académica profunda sobre dicha Ley.