La restricción de los derechos por parte de la administración para garantizar el interés general frente a los Derechos particulares

Abstract

[Resumen]:El objetivo de este estudio es determinar la interacción entre los derechos humanos y la competencia que tiene el Estado para regular el ejercicio de las libertades individuales, cuando se enfrentan medidas excepcionales de restricción cuando se trata de el sostenimiento del interés general. El enfoque de esta investigación surge de la necesidad de establecer cómo el derecho público puede ser el medio para lograr el respeto por los derechos humanos y avanzar en el desarrollo social a raíz de crisis globales como la pandemia del COVID-19, El Capítulo 1 trata sobre el derecho administrativo y su vinculación con los Derechos Humanos, este capítulo articula la esencia, el alcance de las principales doctrinas de los Derechos Humanos y su influencia en el derecho administrativo, sobre este se explica en términos de sus definiciones, principios y sus fuentes. El capítulo 2 analiza el Estado desde una perspectiva político-social, destacando su papel como regulador de la sociedad y garante del bienestar. Se examinan su origen, evolución y función en la administración de la libertad colectiva, ajustándose a las necesidades de cada época. En “Historia de la Teoría Política”, George Sabine sostiene que el Estado moderno debe ser dinámico y adaptable, interviniendo en la vida pública para equilibrar el bienestar individual y social. Sin embargo, advierte que esta intervención no debe derivar en abusos, por lo que la participación ciudadana es clave para garantizar las restricciones de forma legítimas y proporcionales. El análisis enfatiza la importancia de un Estado flexible, operando como mediador entre los intereses individuales y generales asegurando las limitaciones a los derechos acorde a los cambios sociales sin comprometer justicia y equidad. Sabine proporciona un marco teórico que ayuda a evaluar cómo las políticas estatales deben adaptarse a la transformación social, evitando excesos y garantizando un equilibrio razonable entre el poder estatal y las libertades individuales. En el capítulo 3, sobre el interés general frente a los derechos particulares, este capítulo hace un abordaje del concepto de interés general y cómo se confronta en relación a los intereses individuales. Se estudia desde el ángulo del derecho administrativo, con énfasis, al igual que en el COVID, a la pandemia que ha sido tan impactante. De igual forma se analiza la lucha contra la corrupción, los derechos públicos subjetivos, las restricciones a los derechos particulares y los Estados de excepción. El interés general, como concepto, es muy interesante en las ciencias políticas y jurídicas ya que es sinónimo de bienestar colectivo y paz social. Sin embargo, el cumplimiento de este principio a menudo conlleva restricciones de los derechos individuales, por lo que se deviene un debate permanente sobre el equilibrio entre el interés general y la libertad del individuo. El poder del Estado se manifiesta en la regulación de los derechos individuales, siempre con el propósito de salvaguardar el bienestar colectivo. Esta autoridad permite establecer límites cuando el orden público, la seguridad y la salud lo requieren. Sin embargo, el ejercicio de esta potestad no debe ser arbitrario, sino guiado por la discreción y la proporcionalidad. Cada restricción impuesta debe ser evaluada con rigor, cuestionando su necesidad y explorando mecanismos menos invasivos que garanticen el equilibrio entre el control estatal y la protección de los derechos fundamentales. En este análisis, la prudencia y el sentido crítico se convierten en herramientas esenciales para mantener una sociedad justa y equitativa. En el Capítulo 4, se describen las competencias y facultades del Estado para establecer medidas restrictivas en beneficio del interés general, subrayando la relevancia de la proporcionalidad, además se hace un análisis descriptivo de las regulaciones a derechos particulares impulsadas durante la pandemia del COVID-19. En las conclusiones, la investigación resalta la legitimidad de la administración pública para imponer limitaciones a los derechos individuales en pro del interés colectivo, sustentada en un marco jurídico sólido y en principios constitucionales. Se enfatiza la necesidad de lograr un equilibrio adecuado entre la protección de los derechos individuales y el bienestar general, garantizando que las restricciones sean proporcionales y justificadas. Además, se destaca la importancia de seguir procedimientos claros y transparentes que faciliten la participación ciudadana y la protección de los derechos fundamentales. Las recomendaciones propuestas se enfocan en promover el diálogo y la participación ciudadana, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, y adoptar un enfoque de mejora continua en la implementación de políticas públicas. Se sugiere la creación de mecanismos de consulta pública y plataformas digitales de participación, así como la publicación de informes y estudios que evalúen el impacto de las medidas adoptadas. Además, se propone implementar políticas que fomenten el respeto y la protección de los derechos fundamentales, incluyendo la capacitación en Derechos Humanos para los funcionarios públicos y la colaboración con organizaciones de Derechos Humanos. En conjunto, estas recomendaciones buscan asegurar que las interacciones sean justas y equitativas.