La armonización de las garantías procesales de investigados y acusados en la UE. Compromisos de trasposición pendientes en el ordenamiento jurídico español

Abstract

[Resumen] La libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios en la UE nos sitúa ante un escenario en el que el dogma de la soberanía estatal ha de ser necesariamente sometido a revisión. Las repercusiones de los crímenes cometidos en este contexto trascienden las fronteras del Estado-Nación y demandan una respuesta supranacional en lo que se refiere al ejercicio del ius puniendi y, por lo tanto, también en las garantías que deben rodear su ejercicio. Sin embargo, institucionalizar un modelo europeo de justicia penal no es una tarea sencilla. Las reticencias a la cesión de soberanía en este ámbito son un escollo importante y las disparidades entre los sistemas nacionales, a pesar de la base convencional común constituida principalmente por el Convenio Europeo de Derecho Humanos (en adelante, CEDH) y sus Protocolos, siguen siendo apreciables. En todo caso, la UE, como Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, ha de tener como misión y eje vertebrador de su actuación el fortalecimiento de la libertad de los individuos, y no sólo en lo que se refiere a las libertades vinculadas al mercado único –libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas–, sino también en cuanto a la libertad en su sentido clásico: entendida como libertad individual frente al poder público. Pues bien, en la consecución de tal cometido, asegurar que el ius puniendi estatal se ejerce con sujeción a determinadas garantías, se erige también en función esencial de la UE, en tanto que garante de las libertades individuales, de la democracia y del Estado de Derecho.