El concepto de abuso del servicio público de justicia en el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal

Abstract

[Resumen]: En el presente trabajo examinaremos cuáles son los principios programáticos de los que parte el prelegislador, y que le llevan a recuperar para el proceso civil español la obligatoriedad del intento de arreglo privado entre las partes como exigencia previa a la interposición de la demanda. En segundo lugar, se expondrá la regulación legal que el Proyecto plantea de cara a hacer efectivo el recurso a los MASC como requisito de procedibilidad y qué modificaciones procesales se plantean para poder hacerlo efectivo. Particularmente, se atenderá al concepto de abuso del servicio público de Justicia, como elemento complementario a la obligatoriedad de utilización de fórmulas autocompositivas previstas en el Proyecto, así como a los efectos y consecuencias jurídicas que se prevén cuando se estime su concurrencia. Finalmente, se examinará cuáles son las implicaciones de esta nueva regulación para el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, si efectivamente llega a entrar en vigor.

[Abstract]: In this paper we will examine the programmatic principles from which the pre-legislator starts, and which lead him to recover for the Spanish civil procedure the obligatory nature of the attempt of private settlement between the parties as a requirement prior to the filing of the lawsuit. Secondly, the legal regulation that the Project proposes in order to make the recourse to ADR effective as a procedural requirement and what procedural modifications are proposed in order to make it effective. Particular attention will be paid to the concept of abuse of the public service of Justice, as a complementary element to the compulsory use of self-compositive formulas foreseen in the Draft, as well as to the effects and legal consequences that are foreseen when its concurrence is considered. Finally, we will examine the implications of this new regulation for the right to effective judicial protection, in its aspect of access to jurisdiction, if it actually comes into force.